Una profunda conmoción nacional y un severo debate sobre la fiscalización y la dignidad en la vejez ha desencadenado el devastador incendio del hogar de adultos mayores Edén, ubicado en la comuna de Pitrufquén. El siniestro, que dejó un doloroso saldo de 16 personas fallecidas y otras 10 resultantes con lesiones de diversa consideración, vuelve a poner una pregunta urgente y prioritaria sobre la mesa: ¿En qué condiciones reales estamos cuidando a las personas mayores que viven en residencias de larga estadía en nuestro país?
Los antecedentes que han salido a la luz tras la emergencia resultan alarmantes. Al momento de desatarse el fuego, un total de 26 personas mayores se encontraban bajo el resguardo y cuidado de tan solo una persona. Esta cifra contraviene de forma tajante la norma vigente y actualizada en 2025, la cual exige de manera estricta una proporción de un cuidador por cada 12 personas durante la noche, y un cuidador por cada 8 residentes durante la jornada diurna. La desproporción evidenciada en Pitrufquén constituye un antecedente crítico que obliga a la autoridad a reforzar de inmediato la fiscalización y a garantizar rigurosamente que los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) a lo largo del país cumplan efectivamente con las exigencias de infraestructura, protocolos de seguridad, dotación de personal y calidad de cuidados que establece la legislación.
Si bien las medidas anunciadas por el Gobierno tras esta tragedia apuntan a responder a una urgencia evidente —la necesidad imperiosa de aumentar los cupos para personas mayores en situación de abandono o cuyos familiares carecen de las condiciones socioeconómicas o de espacio para cuidarlas en sus hogares—, la crisis también impone una reflexión más amplia y estructural que trasciende las paredes de las residencias.
Esa es la postura que sostiene Liliana Cortés, directora social nacional del Hogar de Cristo, en una columna de opinión donde aborda la encrucijada del sistema de cuidados. Según plantea la especialista, no todas las personas mayores que requieren asistencia deben necesariamente ser institucionalizadas o abandonar su entorno habitual. Existen etapas en las que, contando con los apoyos estatales y comunitarios adecuados, los adultos mayores pueden continuar residiendo junto a sus seres queridos, rodeados de sus pertenencias y en sus barrios de toda la vida. El gran obstáculo actual es que en Chile esa red de asistencia domiciliaria sigue siendo sumamente escasa e insuficiente.
El vertiginoso envejecimiento de la población chilena exige con urgencia ampliar el enfoque sobre los cuidados. Si bien un ELEAM resulta una alternativa indispensable para casos de abandono extremo o dependencias severas que demandan atención técnica permanente, para otro segmento amplio de la población permanecer en el propio hogar es perfectamente viable, siempre y cuando exista una estructura de soporte que garantice seguridad, bienestar y dignidad.
En ese sentido, se vuelve imprescindible potenciar de manera decidida los servicios de cuidados domiciliarios a nivel municipal y regional. En la actualidad, la carga del cuidado suele recaer de forma desproporcionada y casi exclusiva en las mujeres de la familia o queda sujeta a la capacidad económica individual de cada hogar, lo que genera profundas brechas de desigualdad. Ninguna familia debería verse forzada a institucionalizar a un familiar por el simple hecho de no contar con apoyo externo en su vivienda.
Tal como lo evidencia el informe “Del Dicho al Derecho” sobre envejecimiento, el estándar hacia el cual debe avanzar el país es favorecer la máxima permanencia posible de las personas mayores en sus hogares mientras sus condiciones físicas y cognitivas lo permitan. Para concretar este objetivo, Chile requiere una oferta pública de cuidados domiciliarios descentralizada, distribuida en las distintas comunas y regida por estándares de calidad que brinden tranquilidad a las familias y dignidad a los adultos mayores.
La tragedia ocurrida en Pitrufquén es un doloroso recordatorio de que los ELEAM deben ser recintos absolutamente seguros, dotados de personal suficiente y capacitado, y sometidos a una fiscalización permanente. Pero, al mismo tiempo, debe ser el punto de inflexión para construir un modelo integral donde envejecer y requerir asistencia no signifique, de manera inevitable, tener que dejar el propio hogar.