A seis años de la crisis social de 2019, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha presentado un sombrío balance respecto a la respuesta del Estado en materia de justicia. De las más de 3.200 querellas interpuestas por el Instituto por graves violaciones a los derechos humanos, solo 68 han terminado en sentencias condenatorias. Esta situación es calificada por el INDH como preocupante y confirma que esta fue la crisis de derechos humanos más grave vivida por el país desde el retorno a la democracia.
La Cifra Preocupante de Impunidad
El análisis del INDH abarca las acciones judiciales presentadas por los hechos ocurridos entre el 17 de octubre de 2019 y el 18 de marzo de 2020. En total, se interpusieron 3.247 querellas, de las cuales solo 145 se encuentran finalizadas, y de estas, apenas 68 concluyeron con sentencias condenatorias.
El desglose de las querellas presentadas por el INDH ilustra la magnitud de las denuncias:
- 2.311 por apremios ilegítimos.
- 566 por torturas.
- 249 por violencia innecesaria.
- 121 por otro tipo de vulneración.
Estas acciones judiciales representan las denuncias de 3.842 víctimas, con una edad promedio de 26 años. De ellas, el 75% son hombres y el 25% mujeres.
Víctimas con Necesidades Especiales y Lesiones
El universo de víctimas registradas por el INDH incluye a 1.492 personas de grupos de especial protección, destacando:
- 605 niños, niñas o adolescentes (16%).
- 34 personas mayores.
- 28 con alguna discapacidad.
- 25 personas LGBTIQ+.
- 20 personas migrantes.
En cuanto a las consecuencias de los ataques, siete personas fallecieron y 3.648 (el 95%) sufrieron algún tipo de lesión física. Un dato alarmante es que 228 personas (6%) resultaron afectadas por lesiones oculares. Además, el 20% de las mujeres denunciantes y el 10% de los hombres indicaron haber sido víctimas de violencia sexual.
Reparación y Compromiso de Evaluación Estatal
El director del INDH, Yerko Ljubetic, ha señalado que los esfuerzos en materia de reparación a las víctimas han sido «insatisfactorios». El Instituto ha recordado la necesidad de una reparación integral que considere la restitución, la indemnización, la rehabilitación y la satisfacción, especialmente para las más de 464 personas con lesión ocular registradas por el Ministerio Público y aquellas que se han suicidado tras sufrir violencia institucional.
Ante este panorama, el INDH anunció una indagatoria rigurosa de las medidas que ha adoptado o no el Estado en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, con el objetivo de presentar una evaluación integral en 2026. El Instituto enfatiza que la violencia vivida no puede volver a ocurrir en el país, lo que requiere fuerzas del orden capacitadas y con pleno respeto a los derechos humanos.
Cifras del Ministerio Público Confirman la Preocupación
El director Ljubetic también hizo referencia al balance del Ministerio Público, indicando que sus cifras confirman la preocupación del INDH. De los más de 11.500 casos investigados por el Ministerio Público relativos a violencia institucional, solo 385 terminaron con sentencia, y de ellas solo 219 fueron condenatorias.
Según el balance del Ministerio Público, más del 90% de las causas por delitos de violencia institucional se encuentran concluidas, con un alarmante número de decisiones de No Perseverar (3.215) o archivo (6.821), lo que el INDH califica como «francamente insatisfactorio» desde el punto de vista de establecer la verdad y la justicia.