Un informe de la Contraloría General de la República revela serias falencias en el registro de vacunaciones contra el Covid-19 en 2022 y 2023, afectando la confianza pública en el proceso de inmunización.
La Contraloría General de la República (CGR) ha detectado una serie de irregularidades en el registro de vacunaciones realizadas durante la campaña contra el Covid-19, llevada a cabo por el Ministerio de Salud (Minsal) en 2022 y 2023. El informe, que ha generado alarma en distintos sectores políticos, revela que se registraron 18.132 inoculaciones de vacunas que pertenecían a 91 lotes o partidas de producción, las cuales fueron administradas después de su fecha de vencimiento, con diferencias de hasta 903 días.
Irregularidades graves en el Registro Nacional de Inmunización
El informe detalló varias fallas en el Registro Nacional de Inmunización (RNI), incluyendo el caso de las vacunas vencidas. Según la Contraloría, se encontraron registros de vacunas que habían sido administradas mucho después de la fecha límite de su vigencia, lo que pone en duda la eficacia de las dosis aplicadas. Este hallazgo es especialmente preocupante en el contexto de un proceso de vacunación masivo y esencial para la protección de la población.
El presidente de la Comisión de Salud del Senado, Iván Flores, expresó su profunda preocupación por los resultados del informe: “Es demasiado preocupante lo que señala la Contraloría respecto a que habrían sido inoculadas vacunas vencidas del año 2022 y 2023. Esto es grave no solo por el impacto inmediato, sino también porque daña la confianza y la fe pública en las campañas de vacunación.”
Flores añadió que, aunque este tipo de situaciones genera efectos inmediatos, el daño más significativo es el impacto en la confianza de la ciudadanía. “Este tipo de irregularidades puede deslegitimar el proceso de vacunación y generar desconfianza en las personas que ya dudan sobre la seguridad de las vacunas”, afirmó.
Vacunas caducadas y registros erróneos
El informe también reveló irregularidades en los Centros de Salud Familiar de Lo Barnechea y La Florida, donde se detectaron 37 inoculaciones con dosis que habían superado el plazo de 70 días después del descongelamiento, lo que excede el límite de tiempo para que las vacunas mantengan su efectividad. En este caso, la Subsecretaría de Salud deberá regularizar los registros erróneos en el RNI.
Además, la Contraloría identificó 436 registros en el RNI con el RUN de personas fallecidas. Si bien algunos de estos casos se debieron a errores en la carga de datos, también se encontró que varios correspondían a personas extranjeras indocumentadas, lo que complicó aún más la precisión de los registros. La Subsecretaría de Salud Pública tiene un plazo de 60 días para corregir estos errores.
Inconsistencias en el inventario de vacunas
Otro hallazgo relevante fue la discrepancia entre los registros de recepción e ingreso de vacunas en las SEREMI de Salud de diversas regiones. En total, se registraron 341.082 dosis menos de las reportadas por las mismas entidades como recibidas, lo que podría indicar fallas en el control y distribución de las vacunas.
Exigencia de claridad y transparencia
El senador Iván Flores subrayó la necesidad urgente de esclarecer la situación y tomar las medidas necesarias para restaurar la confianza pública. “Este tipo de irregularidades puede generar un daño irreparable en la confianza que la ciudadanía tiene en el sistema de salud pública. Es necesario que se brinde una explicación clara y rápida sobre lo sucedido”, afirmó.
Para el presidente de la Comisión de Salud, es fundamental que tanto la ministra de Salud como el Instituto de Salud Pública den explicaciones rápidas sobre los problemas detectados. “Si esto es un error, debe corregirse cuanto antes; si hay responsabilidad, quien corresponda debe asumirla”, concluyó.