NACIONAL. – A raíz de un reciente fallo judicial que anuló la reubicación de un grupo de vendedoras con discapacidad en Playa Ventanas, la Fundación Chilena para la Discapacidad (FCHD) hizo un enérgico llamado a las autoridades municipales y gubernamentales. El objetivo: encontrar soluciones que armonicen el ordenamiento del espacio público con el derecho al trabajo de las personas en situación de discapacidad.
La controversia escaló luego de que la justicia determinara que la medida municipal de trasladar a estas trabajadoras —quienes llevaban más de 15 años en el lugar— carecía de una ordenanza formal que la respaldara.
El comercio como vía de subsistencia
Para la FCHD, este caso pone de relieve una barrera estructural en Chile: la dificultad de acceso al empleo formal para personas con discapacidad. Ante esta realidad, el comercio se transforma en la principal, y a veces única, herramienta de autonomía económica.
“En nuestro país, las personas con discapacidad necesitan alternativas reales de acceso al trabajo. Lo importante es que las decisiones administrativas consideren condiciones de accesibilidad, seguridad y viabilidad económica”, sostuvo Matías Poblete, presidente de la entidad.
Los tres pilares de la propuesta
La fundación aclaró que su postura no busca desregular el comercio ni eximir a las personas del cumplimiento de las normas, sino proponer fórmulas que integren:
- Seguridad y Orden: Reconocen la facultad de las autoridades para organizar el territorio, pero exigen que estas medidas estén debidamente fundadas en la ley.
- Viabilidad Económica: Las alternativas de reubicación deben ser lugares que efectivamente permitan la venta; de lo contrario, se condena a los trabajadores a la precariedad.
- Inclusión Efectiva: Evitar que el ordenamiento territorial se convierta en una barrera adicional para quienes ya enfrentan desventajas sociales.
Un llamado a la sensatez administrativa
Desde la FCHD recalcaron que el derecho al trabajo es fundamental y que cualquier decisión administrativa que busque «ordenar» no debe terminar eliminando la fuente de sustento de las familias. La invitación a las autoridades es a generar mesas de trabajo inclusivas donde se escuche a los afectados antes de decretar traslados que impacten su calidad de vida.