Por Liliana Cortés
Cada semana tenemos noticias alarmantes donde el bienestar de la infancia está en
riesgo. Intentamos llamar la atención con nuevas cifras, nuevos casos, nuevas
historias. Sin embargo, parece que esto genera en la opinión pública el efecto
contrario y aumenta la indolencia.
Aun así, es necesario. En 2024 el número de niñas y niños derivados al Servicio de
Protección fue mayor al total de nacidos en Chile. Este dato, que refleja una
verdadera emergencia social, ha pasado sin pena ni gloria en medio del acalorado
debate político del país. En menos de 4 años se ha duplicado el número de niños,
niñas y adolescentes que ingresan al sistema de protección; miles se encuentran en
listas de espera y, quizás por lo mismo, cientos de jóvenes son expulsados de
programas y residencias al cumplir 18 años. Esta normativa aplica a quienes no
están estudiando, que suelen ser los más vulnerables y sin redes que les permitan
enfrentar la vida adulta tras una infancia marcada por vulneraciones.
¿Qué ocurre entonces? Si quedas sin redes ni cuidado, la fragilidad y el desamparo
es total. No es difícil imaginar que, en esa situación, aumenta la probabilidad de que
los jóvenes que hemos intentado cuidar caigan en redes delictuales, lo que es una
“salida” para evitar la explotación sexual y la situación de calle. Esto último no es
una suposición. En las hospederías del Hogar de Cristo a lo largo del país, en los
últimos 3 años hemos levantado una nueva alerta: vemos cómo ha crecido el
número de jóvenes entre 18 y 22 años egresados del sistema de protección que
llegan solicitando un lugar donde pasar la noche. Sí, están en situación de calle.
Hoy tenemos una oportunidad para abordar este tema. En el Congreso se discute
una Ley de Armonización en materia de protección donde distintas organizaciones
han promovido una indicación que permitiría reducir las exigencias para prolongar
los cuidados del Estado más allá de los 18 años. Se trata de algo tan básico como
incluir cursos de capacitación laboral para aquellos que viven en residencias y
permitir que se cumplan los ciclos planificados en las intervenciones ambulatorias.
Pero el Ejecutivo no ha presentado esta indicación ni los legisladores han
presionado para que se incluya. A pesar de los rimbombantes discursos que de lado
y lado se escuchan, a la hora de los hechos nadie toma la iniciativa y se la juega por
un ajuste tan básico como el señalado.
Acá no hay excusas. Preparar la inserción en la sociedad de jóvenes que han sido
vulnerados es un mínimo ético que debe ser garantizado. En las próximas semanas
el Congreso tiene la última oportunidad para abordar esta realidad. Esperamos que
las inflamadas palabras de nuestras autoridades y representantes se traduzcan en
acciones concretas, dejando atrás la indolencia y los eslóganes vacíos.