Chile enfrenta una emergencia social que no es parte del debate público. En
menos de 4 años se ha duplicado el número de niños, niñas y adolescentes que
ingresan al sistema de protección. Esta demanda genera listas de espera que
suman miles y tiene un efecto aún más dramático: cientos de jóvenes son
expulsados de las residencias al cumplir 18 años, cuando no cursan estudios ni
tienen redes que les permitan enfrentar la vida adulta.
No es difícil imaginar lo que ocurre en este escenario. La probabilidad de que
caigan en redes delictuales y del narco es real, porque son una vía para evitar la
explotación sexual y la situación de calle. Esto no es una suposición. En las
hospederías del Hogar de Cristo crece el número de jóvenes egresados del
sistema que llegan solicitando un lugar donde pasar la noche, porque no tienen
donde dormir.
Pero tenemos una oportunidad. En el Congreso se discute una Ley de
Armonización en materia de protección que permite hacerse cargo de esto. Se
trata de algo tan básico como considerar que cursos de capacitación laboral sean
válidos como estudios y que, al menos, se puedan cumplir los ciclos planificados
en las intervenciones ambulatorias a jóvenes de entre 18 y 24 años.
Por desgracia, el Ejecutivo no ha presentado esta indicación y los legisladores no
han presionado para que se incluya, llegando a un punto en que el próximo 8 de
septiembre parece ser la última chance para abordar esta realidad. Esperamos
que los discursos de nuestras autoridades y representantes se traduzcan en
acciones concretas, dejando atrás cuñas y eslóganes vacíos. En este tema, no
hay excusas.
Liliana Cortés, directora social del Hogar de Cristo