En medio de la creciente preocupación por la seguridad ciudadana y la recuperación de espacios comunitarios, el debate político ha tomado un rumbo alarmante. Actualmente avanza en el Congreso una iniciativa refundida que busca sancionar la ocupación de bienes nacionales de uso público mediante instalaciones precarias y tipificar como delito el habitar o pernoctar en la vía pública bajo la figura de flagrancia permanente, proyecto que ya superó su votación general en la Comisión de Gobierno Interior.
Frente a este escenario, Solange Veloso, directora de Operación Social Nacional del Hogar de Cristo, plantea una reflexión crítica sobre las verdaderas consecuencias de esta legislación: vivir en un ruco no es un delito, sino la expresión más visceral de la extrema vulnerabilidad social.
Quienes trabajan día a día en el territorio con personas en situación de calle comprenden que un ruco —constituido muchas veces por plásticos, cartones y materiales de desecho— es una estructura precaria, insalubre y peligrosa. Sin embargo, representa también el último refugio de un ser humano expuesto a la violencia, a las inclemencias del clima, a las enfermedades y al consumo de sustancias. Desalojar a una persona o penalizar su presencia no elimina la problemática; únicamente desplaza la realidad unos metros, unas cuadras o hacia otra comuna.
Plantearle a la ciudadanía una elección entre seguridad pública y derechos sociales constituye una falsa dicotomía. La intervención del Estado ante riesgos sanitarios, incivilidades o delitos en el espacio público es necesaria, pero una respuesta estatal responsable no puede limitarse al desalojo o a la criminalización. Si la acción pública no ofrece una alternativa concreta de habitabilidad, tratamiento de adicciones, salud mental y acompañamiento especializado, el problema humano y social permanece intacto.
Convertir la herramienta penal en el eje central para abordar un fenómeno estructural corre el riesgo de castigar la consecuencia en lugar de atender la causa. Chile requiere con urgencia recuperar sus espacios comunes, pero esto solo se logrará incrementando la capacidad de respuesta social del país: con más residencias, programas habitacionales y dispositivos de apoyo integral. La meta debe ser construir ciudades donde nadie se vea obligado a habitar en un ruco, evitando legislar para transformar la pobreza en un delito.