El Censo 2024 reveló un dato que, a primera vista, parece positivo: 11,1% de la población de 5 años o más vive con discapacidad, un total de casi 2 millones de personas. Sin embargo, este número contrasta fuertemente con estimaciones previas, como el III Estudio Nacional de la Discapacidad (ENDISC 2022), que cifró la prevalencia en un 17%, cerca de 3,3 millones de personas.
Esta notable diferencia, más que ser un error, refleja una realidad preocupante: la falta de precisión sobre la magnitud y características de la discapacidad en el país. Esta inconsistencia metodológica impide obtener una imagen clara y comparable, dificultando el diseño de políticas públicas efectivas y la asignación de recursos adecuados.
Para avanzar hacia una sociedad más justa, es crucial transformar estos números en acciones concretas. No basta con contar a las personas; es necesario entender sus realidades y los obstáculos que enfrentan diariamente en áreas como la educación, el trabajo, la salud y la accesibilidad. Los resultados del Censo deben ser el punto de partida para saldar la deuda histórica con esta comunidad, asegurando que las decisiones políticas se basen en evidencia y un enfoque de derechos.
Solo con información robusta se puede garantizar el cumplimiento de los derechos de millones de personas con discapacidad y sus familias.