De acuerdo con los resultados entregados por la Facultad de Economía y Gobierno de
la Universidad San Sebastián (USS), a través de su Centro de Políticas Públicas, tras la
reinstalación de la discusión sobre la reforma previsional solo un 28,4% de las
personas prefiere la alternativa presentada por el Gobierno, de un 3% a cuentas
individuales y un 3% a un fondo común. Además, un 71,4% de los encuestados
prefiere que todo o la mayor parte de la cotización adicional del 6% se destine a
sus cuentas individuales.
Respecto de las otras opciones concretas sobre cómo distribuir ese 6%, que fueron
consultadas, la opción con mayores preferencias es la que destina en su totalidad el
6% a las cuentas individuales de los trabajadores, con un 50,4%. Por último, la
alternativa de distribuir un 4% al fondo individual y un 2% al fondo común solo alcanza
un 19,2% de las preferencias.
Junto con destacar esta versión de Chile nos Habla como la primera encuesta que
mide la nueva propuesta del Gobierno de 3% y 3%, Alejandro Weber, decano de la
Facultad de Economía y Gobierno de la USS y ex subsecretario de Hacienda,
asegura que: «La nueva alternativa propuesta por el Gobierno no concita adhesión
ciudadana. Con todo, la discusión previsional ha estado muy centrada en la
distribución de los puntos adicionales de cotización, lo que nos podría hacer perder de
vista un riesgo fundamental: la llamada separación de la industria, tema alejado de las
prioridades ciudadanas pero central para el futuro del sistema. Tal como está la
reforma, esta separación avanza hacia el fin de las AFPs, reemplazándolas por un rol
preponderante del Estado sobre el mercado de capitales, pero sin respaldo técnico de
que esto haga subir las pensiones”.
El académico USS agrega que “al consultar a las personas sobre el destino de sus
ahorros previsionales, más del 70% considera que todo o la mayoría debe ir a sus
cuentas individuales y, entre las alternativas concretas, la propuesta por el Gobierno
solo logra un 28% de apoyo”, asegura.
Distribución del 6% adicional en cuentas individuales
Si la cotización adicional del 6% se destinase en su totalidad a las cuentas
individuales, el 70,4% opina que debe ir a la cuenta de cada cotizante; mientras que
el 20,8% cree que la mayor parte debe ir a las cuentas de quienes tienen salarios más
bajos y el resto a la cuenta del cotizante. Por su parte, solo 3,7% opina que la mayor
parte de la cotización extra se reparta a las mujeres y el resto a la cuenta del cotizante.
Alta valoración de la PGU
Ante la pregunta: ¿Qué valora más usted del proyecto de reforma de
pensiones? el 50,5% opina que el incremento de la PGU a $250.000 es el beneficio
que más destaca de la reforma previsional del gobierno actual. Le siguen muy atrás
con un 14,1% de las preferencias el incremento de las pensiones de quienes realizan
labores de cuidado y con un 12,5% el aumento de pensiones para las mujeres.
Sobre la cobertura de este beneficio entregado por el Estado, para el 70,1% este debe
seguir tal cual está, es decir, para el 90% de la población de menores ingresos. Por
su parte, un 29,9% opina que debe extenderse al 100% de la población.
Asimismo, en cuanto a la distribución de montos, la mayoría de los encuestados
(48,0%) opina que el monto del beneficio debe ser igual para todos, sin diferenciar
por género ni monto de pensión autofinanciada, mientras que 35,4% apoya que el
monto de la PGU sea mayor para quienes tengan más años de cotización. Sólo un
14,0% prefiere que sea más alto para las mujeres.
Financiamiento de políticas públicas mediante la Reforma Previsional
La encuesta Chile Nos Habla de la USS concluyó también que una amplia mayoría cree
que el financiamiento de políticas públicas debe llevarse a cabo mediante impuestos
generales y no con las cotizaciones de los trabajadores.
De este modo, el 75,6% de los encuestados opina que la mejora de las pensiones
más bajas debe financiarse a través de impuestos generales, mientras que para un
18,3% se debe financiar con una parte de las cotizaciones de los trabajadores con
contrato formal.
De forma similar, el 89,0% se inclina porque políticas públicas como sala cuna
universal sea financiada a través de impuestos generales, mientras que sólo un 5,5%
está de acuerdo en que se financie con parte de las cotizaciones del trabajador.