En una acción legal ingresada hoy, 31 de diciembre de 2025, la Federación de Armadores Pelágicos (FEDARPEL) presentó una solicitud de reconsideración ante la Contraloría General de la República. El gremio, que representa al sector de la pesca artesanal, busca revertir el dictamen E192901/2025 emitido por la Contraloría Regional de Los Ríos, el cual aborda la tramitación de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO).
Desde la organización aseguran que el pronunciamiento regional incurre en una «interpretación jurídica errónea» respecto a la Ley N° 20.249 (Ley Lafkenche), lo que podría sentar un precedente negativo para la administración y gobernanza del litoral en la región y el país.
La disputa jurídica: ¿Aprobación o Rechazo?
El punto central del conflicto radica en cómo la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) resuelve las solicitudes de espacio costero. FEDARPEL sostiene que el dictamen regional crea una figura legal inexistente que altera el debido proceso.
A continuación se detallan las categorías legales en disputa:
- Lo que establece la Ley: La CRUBC solo tiene tres facultades: Aprobar, Aprobar con modificaciones o Rechazar una solicitud.
- La interpretación cuestionada: El dictamen de la Contraloría Regional permite que una «aprobación con modificaciones» sea tratada como un «rechazo parcial».
- La consecuencia: Al catalogarlo como «rechazo parcial», se habilita un recurso de reclamación que, según los armadores, no corresponde cuando el acto administrativo ha sido favorable (aunque sea con modificaciones).
Riesgos para la gobernanza y la pesca artesanal
FEDARPEL alertó que mantener el criterio de la Contraloría Regional de Los Ríos generaría una serie de impactos institucionales y sociales. Entre los principales riesgos identificados por la federación destacan:
- Judicialización permanente: El fomento de recursos legales contra decisiones que ya fueron aprobadas, dilatando los procesos administrativos.
- Debilitamiento de la CRUBC: Se resta autoridad a la comisión regional para ajustar las solicitudes a la realidad territorial.
- Conflictividad territorial: El aumento de tensiones entre las comunidades solicitantes, el sector pesquero artesanal y otros usuarios históricos del borde costero.
La federación enfatizó que la aprobación con modificaciones es una herramienta que permite la continuidad del procedimiento y la convivencia de diversos sectores, mientras que confundir categorías «desnaturaliza el procedimiento establecido por el legislador y genera incertidumbre jurídica».
Llamado al rigor legal
La organización hizo un llamado directo a las autoridades nacionales para que se respete estrictamente la distinción que establece la ley vigente. «El ordenamiento jurídico es claro… no existe en la ley ni en el reglamento la figura del rechazo parcial», señalaron desde el gremio.
FEDARPEL confía en que la Contraloría General acogerá la solicitud de reconsideración para evitar que se alteren las reglas del juego en la administración del borde costero, protegiendo así la actividad de la pesca artesanal y la estabilidad institucional en la zona.