La Corporación Nacional Forestal (CONAF) de Los Ríos ha escalado a instancias judiciales el reciente ataque contra el patrimonio natural de la región. El director regional de la institución, Arnoldo Shibar, presentó formalmente una denuncia ante la Fiscalía Regional por el delito de daño ambiental, tras detectarse la extracción ilegal de corteza en un ejemplar de coihue de aproximadamente 600 años de antigüedad.
Este árbol, considerado un ícono de la Reserva Nacional Mocho Choshuenco, sufrió una intervención humana que pone en riesgo su salud a largo plazo. La acción legal se fundamenta en los artículos 310 y 310 bis de la Ley 21.595 sobre delitos económicos y ambientales, la cual endurece las sanciones para quienes afecten gravemente áreas protegidas del Estado.
Evaluación técnica y estado del ejemplar
Para determinar la magnitud del impacto, especialistas de la Universidad Austral de Chile (UACh) realizaron una inspección en terreno. El patólogo Cristian Montalva informó que se trata de un daño antrópico localizado. Aunque la extracción de corteza no rodea la totalidad del tronco —lo que permite que la copa siga activa y con follaje saludable por ahora—, el principal peligro radica en la exposición del tejido interno a hongos patógenos que podrían colonizar y descomponer la madera de forma irreversible.
Medidas de protección inmediatas
Ante la gravedad del hecho, CONAF ha implementado un plan de contingencia para resguardar tanto al ejemplar como al entorno de la reserva:
- Cierre perimetral: Se ha restringido temporalmente el uso del sendero que conduce al Coihue Abuelo para evitar nuevos incidentes.
- Vigilancia tecnológica: Se gestiona la instalación de cámaras de seguridad para monitorear el sector de forma diaria.
- Señalética de advertencia: Se instalarán letreros informativos que detallan las responsabilidades penales y multas asociadas al daño ambiental.
- Patrullajes reforzados: Los guardaparques han intensificado los recorridos preventivos en la unidad.
La legislación vigente establece que causar una afectación grave en monumentos naturales o reservas nacionales puede conllevar penas de presidio o reclusión mayor en su grado mínimo, especialmente cuando el daño es difícilmente reparable o afecta a especies de alto valor ecosistémico.